Tuercas y tornillos: Los investigadores ante el abismo de la justicia mexicana
Dr. Mario Alberto Velázquez García | Academia Mexicana de Ciencias
Una de las mayores carencias para la construcción de una sociedad democrática en México es la justicia. El presidencialismo que se fue construyendo, posterior a la Revolución Mexicana, tenía como uno de sus principales meta-poderes el control sobre el sistema judicial. Esto le permitía utilizar la ley como una herramienta de control político para castigar tanto a los enemigos, rivales, pero también a los aliados que no cumplían con las reglas u órdenes del sistema. Este uso de ley no fue privativo del presidente, sino que se repetía en todos los niveles de gobierno, así los gobernadores y los presidentes municipales, en la medida de sus atribuciones, utilizaban la ley como un instrumento de control.
En el siglo XX los movimientos sociales que desde fines de la década de los sesenta han buscado la transformación de la sociedad mexicana han puesto su mayor interés en la transformación del sistema político, considerando que el cambio del sistema de procuración de justicia sería una consecuencia de la democracia representativa.
En las distintas décadas y periodos donde los movimientos políticos han buscado la transformación democrática de México, las universidades han ocupado un papel central; tanto por ser un foro de crítica ante los abusos de los gobiernos, un semillero de líderes sociales, pero también uno de los principales focos de creación y organización de grupos políticos, sociales, culturales e incluso guerrilleros.
El actual gobierno federal, a pesar de la creación de una fiscalía general de la República independiente, continúa utilizando la aplicación de justicia como una herramienta política. Esto parece evidente en la acusación que se realiza contra 31 científicos por la operación del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La académica nombrada por el presidente como la nueva directora del Conacyt, desde su llegada a esta institución, tuvo un enfrentamiento con el FCCyT, al punto de terminar desapareciendo esta asociación civil. Pero este conflicto no terminó ahí, la titular del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, judicializó el conflicto acusando a los integrantes de la por mal uso de recursos públicos. La acusación, tal como fue presentada por la fiscalía federal, supondría cárcel sin derecho a fianza para los investigadores.
Entre los acusados, todos investigadores, existen miembros de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, además de contar con reconocimiento nacional e internacional por su labor. Desde que empezó la “consolidación democrática” de México a fines del siglo pasado, existen pocos gremios que han sido objeto de una acusación colectiva de tal magnitud, tal vez los miembros del narcotráfico entran a la misma categoría.
Las reacciones han comenzado a presentarse, el rector de la UNAM, en un evento público, ha llamado como un “despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”, así mismo, 600 investigadores y profesores de diversas universidades quienes firmaron una carta en apoyo a los 31 investigadores acusados. Las conductas por las que son señalados los investigadores pueden ser, desde algunas perspectivas moralmente condenables, pero no parecen tener indicios de ser legalmente imputables. El uso de las leyes para perseguir a personas consideradas como rivales o enemigos de funcionarios públicos del mas alto nivel recuerdan las peores prácticas de los gobiernos postrevolucionarios. Adicionalmente a ello, encender la indignación política en las instituciones universitarias puede iniciar una movilización social que puede tener consecuencias impredecibles para el mismo gobierno y el resto de la sociedad.
MARIO ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA
Profesor- Investigador de El Colegio del Estado de Hidalgo.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología, El Colegio de México. Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal en El Colegio Mexiquense. Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director de la Revista: “Revista Científica de Estudios Urbano Regionales Hatsö-Hnini”, www.revistahatsohnini.com.mx.
