lunes, noviembre 25, 2024
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Tuercas y tornillos: La gobernanza en los tiempos de la 47, el movimiento feminista y la agenda pública

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Dr. Mario Alberto Velázquez García | Academia Mexicana de Ciencias
En días reciente, la revista Intersticios Sociales, del Colegio de Jalisco, publicó el artículo de Paula Sánchez y Mario Velázquez: “La gobernanza en los tiempos de la 47: el movimiento feminista y la agenda pública”

El articulo puede resumirse de la siguiente manera: el documento propone una revisión del movimiento feminista que tuvo lugar en México durante los años 2019 y 2020, centrándose en los resultados, específicamente cuáles fueron las acciones tomadas por los gobiernos federal y de la Universidad Autónoma de México frente a esta protesta social. Para ellos proponemos una tipología de respuestas de la autoridad ante un movimiento social: automáticos o reflejos, de apariencia o coyunturales, oportunista y, profundas o de largo alcance. Con ello buscamos encontrar cuál fue el sentido de la acción de los gobierno o autoridades federales y universitarias frente a una protesta como la feminista: resolver las demandas, aplazar, descalificarla o reprimirla. Esto nos permitirá concluir si existen, en el caso del gobierno federal, respuestas distintas frente a las anteriores autoridades ante el movimiento feminista.

Las conclusiones generales son las siguientes: las movilizaciones feministas en México atraviesan por una oportunidad política paradójica: por un lado, sus demandas nunca han recibido tanta aceptación y respaldo entre la población y las autoridades. La igualdad de género se ha convertido en una política transversal y un discurso socialmente valorado como importante; los políticos que han sido grabados expresando comentarios machistas o misóginos han sufrido sanciones que van desde una amonestación hasta la pérdida de su cargo. Empero, a pesar del apoyo en las calles y las autoridades, los ataques contra mujeres, asesinatos, violaciones y la violencia intrafamiliar continúan creciendo, las autoridades encargadas de proteger a las víctimas son omisas o francamente solapadoras de los comportamientos violentos perpetuados por otros hombres y al final de día, estamos presenciando uno de los momentos más significativos del movimiento feminista mexicano, pero sin que las autoridades respondan con cambios que reflejen la dimensión de la crisis de inseguridad hacia las mujeres por la que atraviesa el país.

El artículo demuestra que la respuesta de las autoridades universitarias, federales y estatales (principalmente del gobierno de la Ciudad de México) al movimiento feminista fueron de corto aliento, coyunturales y oportunistas. Esto muestra que no existe un cambio significativo en el tipo de actuación institucional frente a la movilización feminista: los gobiernos anteriores y la administración de Andrés Manuel López Obrador buscan contener, descalificar y retrasar los efectos que las propuestas de este grupo podrían tener en las políticas públicas y la impartición de justicia. El discurso de apertura ante las protestas sociales y la no represión a los manifestantes se contradice con las declaraciones de funcionarios que abiertamente atacan a las manifestantes, cuestionan sus objetivos e intenciones o que simplemente no realizan cambios sustanciales en las prácticas policiales y gubernamentales que detengan la violencia y desigualdad de género.

Lo anterior no significa que este movimiento no haya logrado nada, todo lo contrario, ha generado una serie de respuestas profundas en las autoridades: 1) Modificación a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna, para establecer la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, ordenando el mismo esquema para los estados, así como en la integración de los ayuntamientos; 2) La Ley Olimpia que busca sancionar la violencia digital aprobada en Chiapas, Coahuila, Baja California, Aguascalientes y la Ciudad de México. 3) La Ley Ingrid que castiga en la Ciudad de México la filtración de información e imágenes de delitos en los que las víctimas hayan sido mujeres, niñas o adolescentes. 4) La aprobación de la Ley del Registro de Agresores Sexuales, también para la Ciudad de México, que mandata la creación de un registro de personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual. 5) La UNAM cambió en febrero la legislación universitaria para establecer la violencia de género como causa “especialmente grave de responsabilidad” (modificación a la Fracción VII artículo 95 del estatuto) y garantizar la paridad de género en la conformación del tribunal universitario (Fracción VII, artículo 99).Separador - La Chicharra

MARIO ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA
Profesor- Investigador de El Colegio de Sonora
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología, El Colegio de México. Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal en El Colegio Mexiquense. Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director de la Revista: “Revista Científica de Estudios Urbano Regionales Hatsö-Hnini”, www.revistahatsohnini.com.mx.

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