Tuercas y tornillos: Los riesgos para la democracia de un sistema judicial que funciona como un gremio
Dr. Mario Alberto Velázquez García | Academia Mexicana de Ciencias
El sistema judicial es una de las piezas fundamentales de cualquier democracia. Su misión es garantizar la justicia, proteger los derechos de los ciudadanos y mantener el estado de derecho. Sin embargo, cuando este sistema funciona como un gremio cerrado, surgen una serie de riesgos que pueden poner en peligro tanto la democracia como los derechos de los ciudadanos. Este ensayo explora estos riesgos y sus implicaciones para la sociedad.
Uno de los principios básicos de la democracia es la transparencia en el funcionamiento de sus instituciones. Un sistema judicial que opera como un gremio cerrado tiende a volverse opaco, con procedimientos y decisiones que no son fácilmente accesibles ni comprensibles para el público. La falta de transparencia dificulta la supervisión adecuada del poder judicial por parte de los ciudadanos y otras ramas del gobierno, lo que puede llevar a abusos de poder y corrupción. Cuando los jueces y funcionarios judiciales no son responsables ante el público, se crea un ambiente propicio para la impunidad, minando la confianza de los ciudadanos en la justicia.
El funcionamiento del sistema judicial como un gremio cerrado puede resultar en la exclusión de individuos y grupos que no forman parte del círculo interno. Esto puede incluir a personas de diferentes orígenes sociales, económicos, étnicos y de género. La falta de diversidad en el sistema judicial puede llevar a decisiones que no reflejen adecuadamente la pluralidad de la sociedad. Los jueces que provienen de un entorno homogéneo pueden carecer de la comprensión necesaria para abordar de manera justa y equitativa los casos que involucran a personas con experiencias y perspectivas diversas. Esta falta de representación puede erosionar la legitimidad del sistema judicial y perpetuar desigualdades sistémicas.
Los gremios cerrados tienden a resistirse al cambio y a la reforma. En el contexto del sistema judicial, esta resistencia puede impedir la implementación de reformas necesarias para mejorar la eficiencia, accesibilidad y equidad del sistema. Los miembros de un gremio cerrado a menudo tienen un interés personal en mantener el statu quo, lo que puede llevar a una resistencia a adoptar nuevas prácticas, tecnologías o enfoques que podrían beneficiar a la sociedad en general. La falta de voluntad para adaptarse y evolucionar puede hacer que el sistema judicial se vuelva obsoleto y desconectado de las necesidades y expectativas de la sociedad, perpetuando ineficiencias y desigualdades.
Cuando el sistema judicial es percibido como un gremio cerrado, se puede generar una profunda desconfianza entre los ciudadanos. La percepción de que solo unos pocos privilegiados tienen acceso a la justicia y a la toma de decisiones judiciales puede erosionar la confianza en la imparcialidad y la equidad del sistema. La desconfianza en el sistema judicial puede llevar a la desobediencia civil, el rechazo de las decisiones judiciales y un aumento en la conflictividad social. Sin confianza en la justicia, los ciudadanos pueden sentirse desamparados y menos inclinados a recurrir a los mecanismos legales para resolver sus disputas, optando en cambio por soluciones extrajudiciales que pueden ser injustas o violentas.
En un gremio cerrado, el poder tiende a concentrarse en un pequeño grupo de individuos. Esta concentración de poder puede dar lugar a decisiones arbitrarias y a la falta de representación de los intereses de la mayoría. La concentración de poder en manos de unos pocos puede resultar en un sistema judicial oligárquico, donde las decisiones se toman en función de intereses particulares en lugar de los principios de justicia e igualdad. Este tipo de estructura va en contra de los principios democráticos y puede llevar a una erosión gradual de los derechos y libertades individuales.
Un sistema judicial cerrado y poco transparente puede tener un impacto negativo significativo en la protección de los derechos humanos. La falta de rendición de cuentas y transparencia puede llevar a que se ignoren o violen los derechos fundamentales de los ciudadanos sin que haya consecuencias para los responsables. Además, la exclusión y la falta de diversidad pueden resultar en decisiones judiciales que perpetúen la discriminación y la desigualdad, afectando desproporcionadamente a los grupos vulnerables. La falta de confianza en el sistema judicial también puede desalentar a las víctimas de abusos de derechos humanos a buscar justicia, perpetuando un ciclo de impunidad y violación de derechos.
El funcionamiento del sistema judicial como un gremio cerrado representa una amenaza significativa para la democracia y los derechos de los ciudadanos. La falta de transparencia, la exclusión, la resistencia a la reforma, la desconfianza y la concentración de poder son riesgos que pueden erosionar la justicia y la equidad en la sociedad. Para mitigar estos riesgos, es esencial promover la transparencia, la rendición de cuentas y la diversidad dentro del sistema judicial. Además, se deben implementar reformas que faciliten la inclusión y la participación de una gama más amplia de actores, asegurando que el sistema judicial refleje y responda a las necesidades de toda la sociedad. Solo así se podrá garantizar que el poder judicial continúe siendo un pilar fundamental de la democracia, protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
MARIO ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA
Profesor- Investigador de El Colegio de Sonora
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología, El Colegio de México. Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal en El Colegio Mexiquense. Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director de la Revista: “Revista Científica de Estudios Urbano Regionales Hatsö-Hnini”, www.revistahatsohnini.com.mx.
