El color de las amapas: Sonora se enfrenta al presidente Carranza
Por Ignacio Lagarda Lagarda
Adolfo De la Huerta ganó la contienda por la gubernatura de abril de 1919, a pesar de que el presidente Carranza había apoyado con todo a su candidato, el general Ignacio L. Pesqueira. La toma de protesta sería hasta el 1 de septiembre siguiente, para sustituir al gobernador en funciones, Plutarco Elías Calles.
En el ínter, Carranza le ordenó a De la Huerta presentarse en la ciudad de México, instrucción que acató de inmediato, para ofrecerle que aceptara competir para la presidencia de la República diciéndole: “Mi amigo, usted debería contender por la Presidencia de México Necesitamos a un civil, no a un guerrero como Obregón”. De la Huerta no aceptó la insinuación y se regresó a Sonora, algo que Carranza nunca le perdonaría.
La sucesión presidencial de 1920 era el mayor asunto político en ése momento. Estaba claro que Obregón se preparaba para emprender la carrera a la presidencia, en el entendido de que Carranza estaría de acuerdo en que fuera su sucesor. Sin embargo, Carranza tenía clara su decisión de no reelegirse pero también de impedir la llegada de Álvaro Obregón a cualquier precio, quebrantando con ello una promesa empeñada de dejarle el campo libre al sonorense.
El origen de dicha promesa se remontaba a los tiempos de la Convención de Querétaro de 1916-1917, cuando Carranza le había pedido a De la Huerta que convenciera a Obregón de no intentar buscar la presidencia en ése entonces y De la Huerta accedió y logró cambiar la determinación de Obregón de disputar el puesto a su jefe, con la condición de que Carranza no se opusiera a sus aspiraciones presidenciales en 1920. Don Venustiano prometió que así lo haría pero cambió su promesa al tratar de impedir que México quedase bajo el imperio del militarismo, encarnado en Obregón, a quien consideraba que como presidente sería caótico, porque carecía de un plan de gobierno, no entendía los problemas nacionales ni tenía las virtudes necesarias para gobernar.
Carranza y Obregón rompieron lanzas en el verano de 1919. El último, desde su retiro voluntario en el Náinari, no recibía señal alguna de que el presidente estuviera dispuesto a cumplir con su parte del trato. Decidió entonces pasar a la ofensiva y lanzó su candidatura.
Con ánimo provocador, el 11 de junio de 1919, Carranza decretó que el río Sonora era propiedad de la federación, “atendiendo a que tiene aguas permanentes, requisito que establece el artículo 27 de la Constitución Federal en vigor, para que las aguas de la corriente de que se trata tengan el carácter indicado.”
De la Huerta solicitó la reconsideración del acuerdo presidencial, con el argumento de que las aguas del río Sonora como las del San Miguel eran de régimen estatal y que eran motivo de ingresos fiscales para los municipios localizados en sus márgenes.
Don Adolfo no se encontraba solo en lo que iba a ser una ríspida controversia con su antiguo jefe y pronto llegaron los respaldos de los ayuntamientos de los municipios afectados por el decreto. El diferendo continuó a pesar de las seguridades del secretario de Agricultura, Pastor Rouaix, a De la Huerta, de que aun cuando los ríos eran federales, sus aguas podían ser usufructuadas por los interesados en hacerlo.
Carranza emprendió su lucha contra Obregón y apoyó con todas sus fuerzas a su débil candidato el también sonorense Ignacio Bonillas, quien había regresado de EEUU donde era embajador apenas en marzo de 1920.
Después de un breve interinato como gobernador provisional de mayo a junio de 1916, De la Huerta tomó posesión del gobierno de Sonora el 1 de septiembre de 1919. Desde el principio de su mandato, el gobierno federal empezó a presionarlo con el objetivo de debilitarlo y, si era posible, de expulsarlo del poder.
El gobernador De la Huerta, procurando la pacificación de la tribu yaqui, logró un histórico tratado que, por primera vez, reivindicó los derechos de los indígenas a cambio de la deposición de las armas, pero a última hora el presidente de la República se negó a aprobar los acuerdos de paz y preparó una columna de dos mil hombres con destino a Guaymas, así como el envío de una cuadrilla de aeroplanos dirigida a la zona del Yaqui. La intención de Carranza al desconocer su rendición, para luego enviar tropas contra ellos, era hacer que recayeran las culpas del rompimiento de la paz sobre el gobernador y generar así un serio conflicto interno, capaz de trastornar políticamente a los sonorenses. Tiempo después, y sin razón aparente, repentinamente estallaron manifestaciones antichinas en Sonora, donde De la Huerta vio “la mano maquiavélica de Carranza tras ellas”.
Grupos de agitadores amenazaron y maltrataron a los chinos de Sonora, ante la inacción del gobierno estatal, lo que causó que estos residentes y el gobierno chino protestaran ante Carranza. Requerido por el presidente para explicar la situación, De la Huerta le telegrafió para manifestarle que “después de todo, tenemos un gran número de chinos en el estado, dedicados al comercio, que probablemente han causado un cierto resentimiento entre parte de nuestra gente. Este es un elemento que debe ser considerado si queremos detener a los agitadores”. La violenta respuesta de Carranza no dejó lugar a dudas: “Si usted no puede detener estas manifestaciones antichinas, yo lo haré.” Así, a horas de la noche del día último del año de 1919, Carranza envió órdenes al general Juan Torres, comandante de las tropas federales, a arrestarle “porque no había obedecido órdenes del gobierno federal”. Alertado por un taquígrafo de la Jefatura de Operaciones Militares del estado de que la orden había llegado en la medianoche de Año Nuevo de 1920, De la Huerta esperó a la mañana al general Juan Torres. Al comunicarle las instrucciones que había recibido de la ciudad de México, el general le manifestó su postura de no obedecerlas, por su ilegalidad. Agregó que De la Huerta “era el gobernador legalmente elegido de Sonora y Carranza no tenía derecho a interferir” con él. Torres, dispuesto a contestarle a Carranza con aspereza, don Adolfo le ayudó a redactar una respuesta comedida al presidente, en la que el militar se daba por enterado de las órdenes, pero se negaba a acatarlas, diciendo: “el jefe de las Operaciones Militares no se prestaría por ningún motivo a violar la soberanía del Estado de Sonora.” Cuando don Venustiano leyó la comunicación del general Torres, le ordenó que se trasladara de inmediato a la ciudad de México, donde fue arrestado y juzgado por desobediencia. Pero antes de salir de Sonora, al despedirse de sus oficiales, Torres les informó de su traslado y les pidió que velaran por que no fuera amenazada la soberanía del estado. Esos militares, alrededor de alrededor de cuatro mil soldados sonorenses en su mayoría, juraron lealtad y apoyo al gobernador De la Huerta.
Enterado del cese del general Torres, el gobernador sonorense llamó al general Francisco R. Manzo, a quien puso en antecedentes de la inminencia de un choque armado con el centro. le pidió que organizase a la brevedad una milicia estatal, en colaboración con los presidentes municipales.
El número de efectivos debería ascender a dos mil plazas. Pese a la gravedad de la situación, que parecía no dejar más camino que el estallido de la violencia, don Adolfo hizo intentos infructuosos por reconciliarse con Carranza.
A principios de enero de 1920, le escribió una carta al presidente, enviada a través de un mensajero, con las instrucciones de entregarla en persona a su destinatario y esperar la respuesta. Al cabo de dos semanas, el correo regresó con las manos vacías, solamente con la promesa de una respuesta en la primera oportunidad. Con esta actitud, quedaban definitivamente suspendidas las relaciones entre De la Huerta y el gobierno federal.
En tal comunicación, De la Huerta había intentado persuadir a Carranza de que cediera, “dejando que Obregón corriera sin su oposición a la presidencia y entonces las aguas estarían tranquilas”. Pero Carranza no se dio por vencido y envió al general Juan José Ríos como nuevo jefe de Operaciones Militares en Sonora.
En enero de 1920, justo cuando tenían lugar las dificultades entre De la Huerta y Carranza y mientras Obregón se encontraba de gira por el país, Elías Calles, a quien Carranza le había llamado después de dejar la gubernatura de Sonora a ocupar la Secretaría de Comercio e Industria, como parte de su estrategia para dividir a los sonorenses, renunció a su puesto para integrarse al Comité Director Obregonista.
La primera orden del general Ríos fue reanudar la campaña contra los indios yaquis, quienes se encontraban en paz. Dispuso que las tropas se trasladaran sigilosamente hacia la zona indígena, a fin de realizar movimientos envolventes y sorpresivos. El problema fue que los subordinados de Ríos se negaron a ejecutar sus órdenes.
Para el general Ríos era claro que tras esa rebeldía estaba el gobernador De la Huerta y se dirigió furioso hacia el palacio de gobierno. Después de un episodio tormentoso, de agria y encendida discusión en la penumbra de la oficina del palacio de gobierno de Sonora, ambos personajes midieron fuerza y carácter. Pero al verse casi solo en Hermosillo, Ríos abandonó la capital y se dirigió a Guaymas, pensando que allí estaría más seguro. Desde ahí, tierra natal de don Adolfo, telegrafió a Carranza pidiéndole “ochocientos hombres nuevos de inmediato para controlar la situación”.
Mientras el general Ríos permanecía en Guaymas, Carranza envió al general Manuel M. Diéguez, como último intento para que De la Huerta retirase su apoyo a Obregón. Diéguez llegó a Hermosillo acompañado de 200 dragones procedentes del centro, y se dirigió de inmediato al palacio de gobierno. De la Huerta persistió en su negativa a apoyar a Bonillas, el candidato presidencial oficial. Al mismo tiempo, De la Huerta protestó por la invasión federal a Sonora, a lo que Diéguez respondió que el movimiento de tropas “era rutinario”, destinado a asegurar que los yaquis respetaran los compromisos de paz y de ninguna manera constituía una violación de la soberanía sonorense.
Diéguez amenazó al gobernador con “ponerlo en orden” en caso de no acceder a sus demandas. A petición de Adolfo de la Huerta, Diéguez y Elías Calles se entrevistaron y, en lugar de algún acuerdo, se acabaron de fijar los términos del conflicto entre Sonora y Carranza.
Carranza inmediatamente declaró que no reconocería más a De la Huerta como gobernador. Sin que mediara la declaración previa de poderes, nombró gobernador militar del estado al general Ignacio Pesqueira, y ordenó el movimiento de tropas a través de Chihuahua por el este y de Sinaloa por el sur. Ocho mil soldados federales se movilizaron desde Chihuahua, en camino al Cañón del Púlpito, paso en la sierra entre este estado y Sonora. “Subyugando mi orgullo”, apuntaría don Adolfo, “mandé telegrama tras telegrama a Carranza, urgiéndole a reconsiderar el envío de tropas a Sonora”.
En su respuesta, Carranza sostuvo que el movimiento de fuerzas de Diéguez “obedecía más bien a necesidades de la campaña o a circunstancias que a juicio de este gobierno así lo requieren…”
El presidente no estaba dispuesto a modificar su postura ni un ápice, ni ante las súplicas desesperadas de De la Huerta: “Por favor detenga sus tropas. Llegaré a la ciudad de México y me rendiré. Me puede usted matar, pero si usted permite que esas tropas avancen sobre Sonora, defenderé la soberanía de mi estado hasta el final.” A lo que Carranza, en quien su templanza corría al parejo de su tozudez, respondería desafiante: “Yo no detendré a las tropas. Venga a México si quiere.”
Carranza, en un esfuerzo por “exhibir la cobardía” de De la Huerta, hizo que tales cables fuesen publicados por los periódicos de la ciudad de México.
A fin de restar fuerzas a la rebelión que se veía inminente, Carranza tomó severas disposiciones. Los fondos de las aduanas fronterizas fueron trasladados a bancos de Arizona. Se dispuso la suspensión de pagos a los soldados federales acantonados en Sonora. El gobierno federal dio apenas la décima parte de estampillas para impuesto del timbre, por un valor de 17 mil pesos. Carranza envió infantes de marina de Mazatlán a Guaymas con instrucciones de duplicar sus efectivos.
La Secretaría de Hacienda había permitido la exportación de toda clase de ganado, a fin de desabastecer a los habitantes de Sonora. Carranza intentaba atraerse a los maytorenistas enemigos del gobierno sonorense.
Carranza rechazó las acusaciones y señaló a De la Huerta que podría acudir a la Suprema Corte de Justicia, a la que el artículo 103 constitucional permitía fungir como árbitro en los casos en que se hubieran violado los derechos de los estados. Sonora se puso en pie de guerra. Su gobierno declaró públicamente la suspensión de relaciones con el gobierno central “hasta que las causas de tal determinación hayan cesado de existir.”
Esta presión que Carranza ejerció contra Sonora derivó en el rompimiento precipitado de hostilidades entre el centro y este estado del norte y, en consecuencia, su dramática caída.
El Congreso del Estado, en apoyo al ejecutivo, promulgó el 10 de abril la ley número 30, que concedía facultades extraordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra al ejecutivo, a fin de preparar la defensa.
Por otro lado, don Adolfo convocó a los jefes militares a una junta, el 12 del mismo mes, para enterarlos de la tensa situación, resultado de la determinación de don Venustiano de atacar la soberanía del estado. En ese momento dispuso el cese del general Juan José Ríos como jefe de operaciones en Sonora, y el nombramiento del general Plutarco Elías Calles como jefe de la División del Cuerpo del Ejército del Noroeste, quien se había puesto bajo las órdenes del gobernador de Sonora desde el 9 de abril.
El Ferrocarril Sud-Pacífico fue incautado por las autoridades de Sonora a fin de adelantarse a una posible intervención de las líneas por parte del gobierno de la República. A Salvador Alvarado, quien por el momento se encontraba en Nueva York, le fue ordenado trasladarse a Washington con el propósito de conseguir créditos y allegarse apoyos en la capital norteamericana.
De la Huerta anunció que los gastos de la rebelión ascenderían a un millón de pesos con parte de los recursos de las aduanas tomadas por el gobierno del estado. A Sonora se había agregado Sinaloa. El general Ángel Flores realizó avances en su estado natal, por lo que el frente de guerra ya era considerablemente amplio. La lucha no tardó en ser vista como nacional y, desde luego, pasó de la defensiva a la ofensiva.
Adolfo de la Huerta sostuvo que él asumió la suprema jefatura del movimiento revolucionario en formación y encargó al licenciado Gilberto Valenzuela y al ingeniero Luis L. León la encomienda de redactar un plan y un manifiesto. Valenzuela acabó entregando el proyecto definitivo y le pidió que se lo entregara a los generales Calles y Flores y demás jefes militares para su firma, cosa que así ocurrió.
Desde Agua Prieta, Calles habría dado su consentimiento al plan en todas sus partes y pidió que fuese promulgado en esa población diciendo: “Me sentiría satisfecho de que el plan llevara el nombre glorioso de mi ‘república’: Agua Prieta […] si el plan es firmado en esta población […] Agua Prieta vivirá para siempre en la historia de México.”
El documento original sería llamado Plan de Hermosillo, pero le fue cambiando por el de Agua Prieta el 23 de abril, a iniciativa del general Calles.
De la Huerta señaló haber “estudiado detenidamente el Plan de Agua Prieta y estimado que tales prescripciones de índole político-administrativa contenidas en dicho documento se inspiran en la justicia y la moralidad […] y corresponden a la situación por la que atraviesa la República”. A continuación consideró su “deber aceptar el cargo de jefe supremo interino del Ejército Liberal Constitucionalista que se me confiere en el documento citado, y para los efectos correspondientes protesto solemnemente sostener dicho plan en todas sus partes y desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo con que he sido honrado”.
Finalmente, hizo un reconocimiento “a todos los ciudadanos que firmaron el Plan de Agua Prieta por la distinción con que me favorecen”.
El 23 de abril de 1920, el Plan de Agua Prieta fue proclamado solemnemente en la plaza del mismo nombre. Recogió en lo fundamental lo que había sido planteado por el manifiesto de los tres poderes. Fue netamente “sonorense”, a juzgar por las 107 firmas que en él aparecen, con la excepción del general Ángel Flores. Dio cauce e impulso a un movimiento militar que ya había estallado con Ángel Flores en Sinaloa (15-19 de abril), con Pascual Ortiz Rubio en Michoacán, Enrique Estrada en Zacatecas (15 y 16 de abril) y el general Carlos Green en Tabasco (abril 28), todos ellos connotados obregonistas.
En el Plan se desconocía al presidente Venustiano Carranza, a los funcionarios públicos que accedieron a su puesto en virtud de las elecciones locales de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, y a los concejales del ayuntamiento de la ciudad de México.
El gobernador De la Huerta fue nombrado jefe interino supremo del Ejército, con facultades para la organización militar, política y administrativa del movimiento.
Se convocó a los gobernadores que se adhirieran al movimiento a que nombraran un representante con voto en la designación del jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista.
Mientras en Sonora se promulgaba el Plan de Agua Prieta, Obregón lanzaba el llamado Plan de Guerrero, redactado por Fernando Iglesias Calderón y Francisco Figueroa entre otros, con diferentes postulados, una vez que logró la adhesión del general Fortunato Maycotte, entonces jefe de operaciones en Guerrero. En virtud de este plan, se desconocía a Carranza como presidente y a la Constitución de 1917 y se proclamaba la vuelta a la Carta Magna de 1857.
El movimiento pronto se convirtió en un torrente incontenible. El 5 de mayo, Carranza lanzó su Manifiesto a la Nación, una especie de testamento político, en el que hace una lúcida exposición de los últimos acontecimientos políticos y dice que aceptó la postulación a la presidencia por haber considerado que con ello ayudaría a la consolidación de la obra revolucionaria y porque en aquellos momentos el Partido Constitucionalista amenazaba dividirse en dos bandos militares. Por tanto, “la idea de un candidato civil surgió como una posible transacción entre las dos ambiciones militaristas, hasta convertirse en una tendencia política bien definida.” Justificaba la idea de un candidato civil como un elemento preventivo contra la “amenaza de la guerra civil y el caudillaje”. Protestó sus “garantías de neutralidad” durante el proceso, a pesar de la campaña de desprestigio contra Bonillas, promovida por los obregonistas y los gonzalistas.
Para él, la sublevación de Sonora era un movimiento “precipitado, prematuro e injustificado” con el pretexto “de una imposición dos meses antes de las elecciones.” Para él, la fuga de Obregón el 13 de abril fue “una señal convenida” para que “los levantamientos militares comenzaran a efectuarse”, como los del coronel Pascual Ortiz Rubio, el general Enrique Estrada y el general Creen, un indicio más de que existía un acuerdo previo, “bien determinado para levantarse en armas, cuando el general Obregón lo hiciera”.
Después de exponer estos puntos destacó la imposibilidad de que pudieran celebrarse las elecciones presidenciales y dijo que no entregaría el poder ni a Obregón ni a Pablo González, sino que continuaría al frente del ejecutivo hasta que la rebelión de los generales fuera dominada y se designara legalmente a su sucesor.
El presidente se había quedado prácticamente solo. El general Pablo González, su militar siempre fiel, lo abandonó en definitiva el 4 de mayo. El general Francisco Murguía, que estaba en Tampico, se dirigió a la capital de la República para ponerse al frente de los pocos carrancistas leales. El general Cándido Aguilar, su yerno, contaba con un puñado de fieles veracruzanos. Y el general Diéguez, quien detendría el paso de los “aguaprietistas” en la costa del Pacífico, no atinaba a actuar, a pesar de su lenguaje belicista y pronto fue aprehendido por sus propios hombres, encabezados por el coronel Isaías Castro.
Ante tal situación, Carranza preparó la instalación de su gobierno en Veracruz, apostando a la misma suerte que había tenido el 1914, cuando hizo lo mismo.
El 7 de mayo de 1920, un conjunto de trenes del Ferrocarril Mexicano, incluido el Dorado Presidencial y su absurdo burocrático, salieron de la capital rumbo a Veracruz. Ese mismo día la capital fue ocupada por las fuerzas de los generales Pablo González y Jacinto B. Treviño.
Ese mismo día la capital El Congreso discutió acerca de la situación legal del poder ejecutivo y de la complejidad del momento histórico que vivían. Concluyeron que, al haber desaparecido los poderes ejecutivo y judicial, tendrían que tomar medidas para que Carranza saliera del territorio nacional y la Comisión Permanente nombraría al presidente provisional. Mientras tanto, el general Pablo González instaló un gobierno provisional sin presidente, haciendo nombramientos en distintas secretarías y dependencias de gobierno.
El 9 de mayo, Obregón entró a la capital en medio de vítores, aplausos y la admiración de una población ya acostumbrada a este tipo de desfiles gloriosos desde la consumación de la Independencia. Acto seguido, convocó a una junta de generales para discutir el asunto de la sucesión legal del siguiente presidente de México.
Entre los asistentes estaban Pablo González -que no reconocía el Plan de Agua Prieta aunque tenía el control de la capital-, Samuel de los Santos, Fortunato Maycotte, Daniel Ríos Zertuche y otros 16 militares de alto rango. González sostuvo que el objetivo había sido alcanzado con el derrocamiento de Carranza y que ahora seguiría someter el Plan de Agua Prieta a la consideración de los poderes legislativo y judicial, y pedir a De la Huerta que a su vez solicitara al Congreso la designación del presidente provisional. En una declaración, los militares de común acuerdo manifestaron que “la legalidad y la unificación de los líderes revolucionarios estaban aseguradas”, y mandaron un mensaje a De la Huerta con los detalles de su decisión, a lo que no hubo objeción.
El 20 de mayo de 1920, Carranza deja la estación de Aljibes, Puebla, al conocerse que las vías habían sido dinamitadas, internándose en la Sierra Norte del Estado de Puebla con muchos de sus seguidores, incluida una escolta de cadetes del Colegio Militar, en un intento desesperado por alcanzar el puerto de Veracruz. Así llegaría hasta el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, donde, la madrugada del 21 de mayo de 1920 sería asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del general Rodolfo Herrero.
El 24 de mayo de 1920, Adolfo de la Huerta, en su calidad de jefe del Ejército Liberal Constitucionalista, expidió en la ciudad de Hermosillo un decreto en el que se daba el siguiente paso en la transición presidencial. Se establecía que el Congreso, en el periodo de sesiones extraordinarias a que había sido convocado, se ocuparía exclusivamente de designar al presidente provisional de la República.
Asimismo, se especificaba que desde la fecha de promulgación del Plan de Agua Prieta, Carranza había cesado en el ejercicio del poder ejecutivo. Con respecto al poder legislativo, el Plan de Agua Prieta no reconocía jurisdicción, ni facultad alguna a la Comisión Permanente, y, por lo que se refería al Congreso, sólo se le aceptaba la facultad de nombrar presidente provisional. Por último, se comunicaba a la opinión pública el aplazamiento de las elecciones presidenciales para el 5 de septiembre.
Aquél mismo día, en la ciudad de México, las cámaras de Diputados y Senadores se reunieron con el propósito de nombrar a un presidente interino que se hiciera cargo del poder ejecutivo de 11 de junio al 1 de diciembre de 1920.
Para sorpresa de nadie, el resultado de la votación favoreció a Adolfo de la Huerta, quien obtuvo 224 votos contra 29 para Pablo González, uno para Fernando Iglesias Calderón y uno para Antonio I. Villarreal.
Después de un largo periplo primero en barco y luego en ferrocarril desde Hermosillo, De la Huerta tomó posesión de su cargo, y con ello se marcó el fin del periodo carrancista y el inicio de la supremacía del triunvirato sonorense. Sonora le había ganado al presidente de la República.
José Venustiano Carranza Garza fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México, en el año de 1942, sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución en la ciudad de México.
Felipe Adolfo de la Huerta Marcor falleció en Ciudad de México el 9 de julio de 1955, sus descansan en el Panteón Francés de San Joaquín en la ciudad de México.
Álvaro Obregón Salido fue asesinado el 17 de julio en el restaurante “La Bombilla”, en el Distrito Federal. Su cuerpo fue sepultado en Huatabampo, Sonora.
Francisco Plutarco Elías Calles Campuzano falleció el 19 de octubre de 1945, en 1969, sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución en la ciudad de México.
Manuel Macario Diéguez Lara fue fusilado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de abril de 1924.
*Ignacio Lagarda Lagarda. Geólogo, maestro en ingeniería y en administración púbica. Historiador y escritor aficionado, ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia.
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